Buscarse la ruina, literalmente

Matías ha ido con sus padres a celebrar su graduación, es de noche, llueve y todos han bebido. Conduce el coche de su madre, a la que deja en casa junto con su padre, para ir a aparcar el coche en el garaje, a unas calles del domicilio familiar. En ese corto trayecto atropella a una joven, a la que causa graves lesiones. Matías deberá hacer frente a las consecuencias administrativas y judiciales por su comportamiento, lo que ya es bastante penoso para la familia. Pero los efectos negativos no acaban aquí...

La aseguradora reclama la devolución de todos los importes satisfechos a raíz del siniestro, daños materiales y daños personales. ¿Por qué, si el seguro está en vigor y la cobertura a terceros está garantizada? En virtud del derecho de repetición recogido en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (LRCSCVM), que le permite a la aseguradora recuperar lo abonado de forma indebida, por estar excluido de cobertura. En el caso planteado, basado en hechos reales, la unidad familiar se enfrenta al embargo de los ingresos y el patrimonio común.

Por otra parte, si disponer del seguro no supone “bula” para cualquier tipo de acción al volante, tampoco el derecho de repetición es ilimitado, ni de aplicación automática. La compañía aseguradora dispone del plazo de un año para ejercitarlo desde que realizó el pago de la indemnización y hay diferencias importantes para su ejercicio entre el contrato obligatorio del automóvil y el contrato voluntario. En este último, que incluye mayores coberturas, se exige que las causas de exclusión estén claramente señaladas, pactadas y firmadas, incluso aunque sean las recogidas en la LRCSCVM.

Alcohol o drogas

El caso de presencia de alcohol o drogas entre las causas de un siniestro es, junto con la conducta dolosa, el paradigma del ejercicio del derecho de repetición, por su inclusión explícita en la ley. “Si conduces bebido, olvídate del seguro”, con este lema la AEA lanzó en 2005 una campaña que pretendía concienciar sobre las consecuencias económicas derivadas del alcohol al volante y llevan casi 20 años insistiendo en ello: “Es el aspecto menos conocido de conducir ebrio. Si un conductor está borracho, atropella a una persona, le deja tetrapléjico y le piden una indemnización de 600.000 euros o de 300.000, la compañía va a indemnizar a esa víctima, que no va a quedar desprotegida, pero es que luego la compañía le va a reclamar a usted y si no es solvente, se va quedar sin su piso, se lo van a embargar”, afirma su presidente Mario Arnaldo.

Y también puede repetir contra su entorno, porque la responsabilidad civil no se extingue, ni siquiera en caso de fallecimiento del conductor en el siniestro, sino que se transmite a los herederos, y puede alcanzar al propietario del vehículo o al asegurado, añade Arnaldo: “Es necesario un mensaje claro y diáfano a la gente, también para cuando se presta un coche, para que se alerte a ese conductor de que si tiene un siniestro y hay presencia de alcohol se les va a reclamar”.

De esta manera se comprobó el año pasado que, con 52.093 acusaciones y 50.071 condenas por delitos viales, el delito de conducción bajo influencia del alcohol y drogas del artículo 379.2 del Código Penal, supera el 54% de los expedientes totales. Sin embargo, es significativo que las diligencias de la Fiscalía relacionadas con este delito sufrieron un llamativo descenso de un -10,26% con respecto a 2022.

Las nuevas formas de movilidad

Los cambios en la movilidad empujan a cambios normativos que modifican las condiciones de los vehículos. Así, en opinión de UNESPA, la definición de vehículo a motor que se incluye en el proyecto de la nueva Ley del Seguro supondrá que muchos de los vehículos que hasta la fecha no tenían necesidad de disponer del seguro obligatorio de responsabilidad civil (carritos de golf, elevadores industriales, carretillas industriales...), van a tener que suscribir uno. Esto implicará un gran esfuerzo de divulgación para informar a los usuarios de sus nuevas obligaciones. Así, de aprobarse el proyecto tal y como está redactado, será necesario que, por ejemplo, los propietarios de los vehículos personales ligeros, y en especial los de VMP, sepan que deben contratar uno a partir del 1 de enero de 2026.

ocasionados por vehículos sin seguro, y 11.398.072 € recuperados por año, lo que representa un 34% de las cantidades pagadas por el Consorcio. Si no se consigue el recobro de forma acordada se inicia una fase contenciosa de presentación de demandas ante los órganos jurisdiccionales competentes”, explica Celedonio Villamayor, jefe de Operaciones del CCS. A cierre de 2023, el Consorcio tenía 10.301 procedimientos judiciales vivos, 6.483 de ellos con un procedimiento ejecutivo.

Hay que tener en cuenta que aproximadamente 9 de cada 10 expedientes acaban en la vía contenciosa, incluidos aquellos en los que se repite contra la compañía aseguradora que se ha negado a asumir el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Para Villamayor es indudable que esta realidad debe ser ampliamente conocida: “Cualquier medida divulgativa de la responsabilidad patrimonial que se asume por circular sin seguro en la que se ponga de relieve el riesgo real existente de perder todo tu patrimonio, sería efectiva”, afirma.